Este viernes, la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, participó en el foro ‘Retos y desafíos en materia de seguridad en el marco de la Ley 2197 de Seguridad Ciudadana’, organizado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura.
“Este evento hace parte del trabajo conjunto que hemos venido realizando con la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia, la Rama Judicial y el Gobierno nacional para identificar cuáles son los desafíos frente a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad y convivencia”, destacó la alcaldesa López.
Uno de los desafíos de la Ley 2129 de Seguridad Ciudadana es lograr el equilibrio entre la garantía de los derechos del procesado y las decisiones enmarcadas en la legalidad que garanticen la seguridad ciudadana –de ahí la importancia de este tipo de encuentros interinstitucionales–.
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En el siguientre trino, la alcaldesa, Claudia López, se refiere a los retos de la Ley de Seguridad Ciudadana:
Si algo demandan los ciudadanos es seguridad y justicia. Bogotá se propuso metas muy ambiciosas de reducción de indicadores de alto impacto como homicidio y hurto. Tenemos problemas de criminalidad y los estamos enfrentando, pero tenemos retos aún más grandes en acceso a justicia pic.twitter.com/k20FejUUDq
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 22, 2022
En su intervención, la mandataria afirmó que hasta hoy –tres meses después de la entrada en vigor de la Ley– no se presentan variaciones en los procesos de judicialización efectiva. “Esta es una norma muy reciente. Sin embargo, transcurridos tres meses de vigencia de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, no tenemos en los indicadores ninguna modificación en lo que tiene que ver con Bogotá”, manifestó.
Agregó que “cuando uno compara los números y porcentajes de la gente que quedaba libre antes de la Ley, y hoy, son casi los mismos. Solo hay un modesto cambio en la recurrencia y por eso convocamos este evento, para saber qué debemos hacer”.
También se refirió al serio problema de hacinamiento en las cárceles del país y dijo que este no se puede resolver en las sentencias de los jueces, sino con la construcción de nuevos centros penitenciarios que ofrezcan segundas oportunidades a los ciudadanos.
“Este es un problema que el Gobierno nacional tiene que resolver con cárceles dignas que les den segundas oportunidades a los ciudadanos, por eso, se va a presentar un proyecto de ley la próxima semana, con mensaje de urgencia por parte del Ministerio del Interior”, detalló la alcaldesa López.
La Alcaldesa Mayor de Bogotá también manifestó que actualmente todas las democracias están atravesando amenazas globales: “La democracia se ha visto amenazada por populismos autoritarios. Tenemos, aparte de los líos socioeconómicos y de convivencia, mayores desafíos en materia de seguridad”.
“Estamos en el filo de la navaja por la historia, por la coyuntura de seguridad y justicia que tenemos, y por la coyuntura global, del auge del populismo autoritario. Por eso les comparto un sentido de urgencia. No tenemos tiempo. Cada segundo que pasa podemos estar perdiendo la seguridad, la justicia y la democracia. Esto es urgente”, subrayó la mandataria en el foro.
Igualmente, señaló que el impacto de la prevención y lucha contra la criminalidad depende, en gran medida, de la interacción y colaboración armónica con las autoridades y las ramas del poder público, e indicó que el ciudadano de a pie solo va a salir a defender la democracia si tiene seguridad, equidad y justicia.
En este espacio de discusión académica sobre la nueva Ley, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, resaltó la importancia de buscar acciones efectivas que contribuyan al mejoramiento en la administración de justicia y a garantizar la seguridad y la convivencia.
“Debemos fortalecer los mecanismos institucionales para beneficio de todos los ciudadanos, que sientan que no se les vuelven a vulnerar sus derechos”, indicó la magistrada.
A renglón seguido, la magistrada agregó que “los decretos que buscan dar una respuesta a las demandas que tiene la sociedad, también requieren de una colaboración armónica entre todas las instituciones del Estado, para defender la dignidad humana y todos los derechos fundamentales”.
La Ley de Seguridad Ciudadana introdujo una serie de herramientas que busca perseguir los delitos que afectan la seguridad y la convivencia de los ciudadanos, y en ese sentido, amplió el alcance de las normas sobre medidas de aseguramiento y otorgó herramientas a la Policía para la atención preventiva.
Son medidas que se deben acompañar de políticas e intervenciones para fortalecer la capacidad institucional, operativa y de coordinación entre las autoridades. Esto permite mejorar los procedimientos e intervenciones, de modo que las medidas se basen en la evidencia y el respeto de los DD.HH.
Sobre las cifras de Bogotá en materia de seguridad, el secretario de Seguridad, Justicia y Convivencia, Aníbal Fernández de Soto, aseguró que en los últimos meses se ha presentado una reducción del 11 por ciento en lo que corresponde al hurto en sus principales modalidades. El homicidio ha decrecido entre el 5 y 7 por ciento.
“Así el hurto baje, mientras haya hurto con violencia no hay manera de responder a la ciudadanía y con toda razón, porque un solo hecho dramático de los que sale cualquier día donde asesinan a un joven por su bicicleta, no hay estadística que compense ese dolor”, puntualizó el secretario Fernández de Soto.
